Nueve organizaciones empresariales, agrarias, turísticas y vecinales, entre ellas ACOMSEJA, llaman a la movilización ciudadana el próximo sábado 17 de octubre ante la falta de respuestas del Ministerio de Transportes. Denuncian que la paralización del tramo Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste compromete la seguridad, perjudica a la actividad económica y afecta a más de 30.000 habitantes y cerca de dos millones de visitantes anuales.
El tejido empresarial y social del Pirineo aragonés ha decidido trasladar a la calle sus reivindicaciones ante la falta de avances en las obras de la autovía A-23 a su paso por Sabiñánigo. Nueve organizaciones representativas de distintos sectores económicos y sociales han convocado para el próximo sábado, 17 de octubre, una concentración ciudadana e institucional bajo el lema «SOLUCIÓN URGENTE A23», con la que pretenden exigir al Ministerio de Transportes el desbloqueo inmediato de los trabajos y un calendario concreto para su reanudación y finalización.
La convocatoria está promovida por la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego (AEPAG), la Asociación de Empresas de la Jacetania (ACOMSEJA), la Asociación Turística Valle de Tena (ATVT), la Asociación de Vecinos de Núcleos Rurales El Cajicar, la Cooperativa Santa Orosia, la Federación de Transporte por Carretera de la Provincia de Huesca, ASAJA Huesca, la Asociación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Huesca y CEOE Cepyme Huesca.
La movilización se ha presentado este martes, 13 de octubre, en una rueda de prensa celebrada en el bulevar Antonio Muñoz Loriente de Sabiñánigo, donde los representantes de las entidades promotoras han expresado su malestar por la ausencia de respuestas concretas de las administraciones responsables, pese a los contactos mantenidos durante los últimos meses.
La movilización supone un nuevo paso en las reivindicaciones iniciadas el pasado mes de junio, cuando la práctica totalidad de los ayuntamientos de las comarcas del Alto Gállego, la Jacetania y el Sobrarbe, junto a las instituciones comarcales y representantes de los principales sectores económicos y sociales, suscribieron un manifiesto conjunto para reclamar una solución a la paralización de las obras.
Desde entonces, según han explicado los convocantes, apenas se han producido avances. Tras un verano sin novedades, durante septiembre se mantuvieron contactos con distintas instituciones implicadas, que trasladaron a las organizaciones que la actuación figuraba entre sus prioridades. Sin embargo, cuatro meses después de aquel primer pronunciamiento conjunto, continúan sin recibir una respuesta formal por escrito, una fecha para reanudar los trabajos o un plan de choque que permita aliviar los problemas de circulación.
«La callada por respuesta ya no es admisible para un territorio que lleva meses pagando las consecuencias de una parálisis ajena», han señalado los representantes del grupo de trabajo, que consideran agotada la vía de las gestiones institucionales sin resultados concretos.
Un problema de seguridad y un obstáculo para la actividad económica
Las organizaciones convocantes han insistido en que la paralización del tramo Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste trasciende las molestias habituales derivadas de unas obras públicas. A su juicio, la situación está generando problemas de seguridad, dificultades para el transporte de mercancías y viajeros y perjuicios para sectores estratégicos de la economía pirenaica.
Uno de los aspectos que más preocupa es la incidencia de los cortes y desvíos provisionales sobre la circulación en Sabiñánigo, donde se producen episodios periódicos de congestión. Los convocantes advierten de que esta situación puede comprometer los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, especialmente ambulancias, bomberos y equipos de protección civil.
Las cifras aportadas por las entidades permiten dimensionar el alcance del problema. Más de 150 camiones de gran tonelaje, aproximadamente un tercio de ellos dedicados al transporte de mercancías peligrosas, se ven obligados a utilizar recorridos provisionales o atravesar el casco urbano. A este tráfico se suman 15 líneas de autobús y 21 rutas escolares, que también sufren las consecuencias de la actual configuración viaria.
El sector primario es otro de los directamente afectados. Más de 260 agricultores vinculados a la Cooperativa Santa Orosia deben atravesar la población con tractores y cosechadoras, una circunstancia que complica los desplazamientos habituales de la maquinaria agrícola y añade nuevos problemas a la circulación urbana.
La repercusión alcanza igualmente al turismo, el comercio y la hostelería. La A-23 constituye uno de los principales corredores de acceso al Pirineo aragonés y las retenciones afectan tanto a los desplazamientos cotidianos de la población como a la llegada de visitantes. Las entidades recuerdan que el problema repercute sobre un territorio de más de 30.000 habitantes que recibe cerca de dos millones de visitantes cada año.
Tres exigencias al Ministerio de Transportes
La concentración del sábado se plantea como una movilización pacífica, ciudadana y ajena a intereses partidistas. Sus promotores han concretado sus reivindicaciones en tres demandas dirigidas fundamentalmente al Ministerio de Transportes.
La primera es el desbloqueo inmediato de la situación administrativa y contractual que mantiene paralizadas las obras. La segunda, la presentación de un compromiso público y por escrito que establezca plazos claros para la reactivación y finalización de los trabajos. Y la tercera, la adopción de medidas provisionales que garanticen unas condiciones de circulación seguras mientras no se complete la infraestructura.
Los convocantes consideran que las declaraciones de intenciones y los compromisos verbales han dejado de ser suficientes y reclaman decisiones verificables que permitan conocer cuándo se resolverá una situación que afecta al funcionamiento cotidiano de buena parte del Pirineo oscense.
Llamamiento a la participación de las tres comarcas
Las nueve organizaciones convocantes han hecho un llamamiento a los vecinos, trabajadores, comerciantes, empresarios y colectivos sociales de la Jacetania, el Alto Gállego y el Sobrarbe para que participen en la concentración del 17 de octubre. El objetivo es trasladar a las administraciones una posición compartida por un amplio espectro del territorio, que reclama soluciones concretas para una infraestructura esencial para sus comunicaciones y su actividad económica.
«Si las administraciones no nos escuchan en los despachos, escucharán la voz unida de todo un territorio en la calle», han advertido los convocantes, que confían en que la movilización contribuya a acelerar una respuesta institucional que llevan meses reclamando.
